Oportunidades para la participación y la democratización de las organizaciones en el siglo XXI

No hay “viejos” ni “nuevos” terrorismos, sino viejos y nuevos objetivos que buscar en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional cuya definición planea sobre confines imprecisos. No hay una definición universal de terrorismo, pero sí un nuevo y controvertido enfoque preventivo que, desde los inicios del segundo milenio, adquiere alcance universal con el color de la semántica de la guerra. A golpe de encadenadas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras los atentados del 11-S, perfeccionadas por el Derecho de la Unión Europea, han irrumpido estructuras penales bajo la orientación más pragmática y represiva que se haya conocido en la agenda internacional y europea desde la segunda guerra mundial. Los instrumentos contemporáneos de lucha contra el terrorismo internacional ya no giran en torno de la represión de atentados terroristas. Son el símbolo de un derecho penal máximo encarnado esencialmente en la inhibición de radicalismos. El lema es adelantarse al peligro. Ello ha provocado el efecto de aumentar, bajo parámetros imprecisos, los espacios donde colocar la etiqueta terrorista, hasta vaciarla de significado. En definitiva, Esther Pomares demuestra cómo se ha logrado impregnar de connotaciones autoritarias las respuestas penales de las democracias post-representativas, desatando el efecto de desaliento o de “autocensura” en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales: la deriva del derecho penal y la democracia.Esther Pomares Cintas es Profesora Titular de la Universidad de Jaén. Es doctora en Derecho penal bajo el programa de la Universidad de Granada (1996-2001), desarrollando la tesis doctoral en el Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften (Universidad Ludwig Maximilians de Munich). Tras la primera monografía en torno al análisis dogmático de los delitos imprudentes (2004), ha consolidado su trayectoria investigadora, entre otras, dentro de las líneas relacionadas con el modelo penal de la seguridad encarnado en la política criminal de control de los flujos migratorios, la transformación del derecho penal laboral y los modelos de neutralización de las formas más severas de explotación del ser humano y las repercusiones de las nuevas figuras penales que desafían los sistemas democráticos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Los resultados de esas líneas investigadoras se han difundido mediante numerosas publicaciones, entre otras: El Derecho penal ante la explotación laboral y otras formas de violencia en el trabajo (2013); El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud (Coord., 2017); La trata de seres humanos en el contexto penal iberoamericano (Coord., 2019); Derecho penal y garantías constitucionales. Una perspectiva iberoamericana (Coord.,2020); “El delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral”, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología (2011); “La Unión europea ante la inmigración ilegal: la institucionalización del odio”, Eunomía (2014); “La generalizzazione della privazione di libertà dei richiedenti protezione internazionale nello spazio giuridico europeo”, Rivista Altre Modernitá, Universitá degli Studi di Milano (2019); “Metamorphosis of the White Slave Trade Concept within the League of Nations: paradigm of contemporary migratory flows”, Journal of Law and Criminal Justice (USA) (2021); “El legado del modelo antiterrorista tras el 11-s, 20 años después: la industria de la vigilancia global”, Cuadernos de Política Criminal (2021); “Repercusiones del enfoque preventivo contemporáneo del terrorismo: la fábrica de embriones de sospecha”, Criminalización del radicalismo violento (2021). Sobre estos temas ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha ejercido como consultora internacional en el Proyecto Migration EU Expertise, Internacional Centre for Migration Policy Development y en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, con ocasión del Proyecto de Armonización de la Legislación Penal en materia de Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana, y últimamente, en el marco de la OIT.