La resolución de conflictos y la mediación en el deporte

Nuestra doctrina ha aportado un número apreciable de obras de incuestionable calidad dedicadas, en todo o en parte, al recorrido por la historia del cooperativismo español. Desde esta consideración nuestra pretensión no pasa por realizar un simple recordatorio de aconteceres más o menos significativos, sino por cubrir una parcela a la que la doctrina cooperativa ha dedicado en general escasa atención: los mecanismos de intervención pública proyectados en las Sociedades cooperativas y su fundamento.

Cierto es que las complejas relaciones entre Estado y Movimiento cooperativo han dado pie a una prolija literatura, aunque es preciso reconocer que ésta es más política que propiamente jurídica. Un hecho que se explica, al menos parcialmente, desde la contemplación de las bases dogmáticas de la cooperación y su consideración como sistema superador del capitalismo clásico. El engarce del cooperativismo con la Revolución industrial y el movimiento obrero revolucionario constituyen el necesario punto de conexión con la referida vertiente teórica (hoy relegada por una visión pragmática y “realista”), convirtiéndose además en ingrediente esencial del análisis histórico

Es indudable que el inicio del cooperativismo español se vio fuertemente mediatizado por diversos factores impregnados de un notable componente ideológico. Las reticencias ante esta figura novedosa que era la “cooperativa”, el desconocimiento de sus caracteres propios o la dificultad de hallarle el oportuno encuadramiento en las instituciones jurídicas conocidas fueron algunos de esos factores que dieron como resultado un tardío e imperfecto tratamiento normativo de aquélla.

El “accidentado desarrollo” —utilizando la proverbial expresión de VICENT CHULIÁ— de nuestra legislación presenta, en relación con la de otros países, ciertas peculiaridades que no pueden comprenderse sin atender a la historia de España y el modo en que el Estado se despliega y actúa en cada momento. 

Debemos señalar que nuestra perspectiva, antes que sociológica o ideológica, será jurídica, aunque el enfoque diferirá del que suele ser habitual: conviniendo en que las sociedades cooperativas han sido estudiadas fundamentalmente por mercantilistas y laboralistas, seguramente es esta circunstancia la que motiva la falta del suficiente interés por los aspectos de intervención administrativa. Por otra parte, este mismo origen disciplinar conlleva una visión parcial de los instrumentos normativos en cuanto los mismos se valoran en función de elementos muy concretos entre los que sólo en contadas y lógicas excepciones se encuentran los propiamente iusadministrativos.

En relación con ello, suele ser frecuente motivo de crítica doctrinal no sólo la orientación de la normativa cooperativa, sino también, y singularmente, el grado de control administrativo que dicha regulación incorpora. Sin embargo dicha lectura es, en ocasiones, sesgada por cuanto el análisis de esta legislación tiende a aislarse de los rasgos generales de la intervención administrativa en la economía que presiden cada momento, prescindiéndose así de los necesarios matices.

Dicho esto, acometemos el estudio de los antecedentes históricos siguiendo un modelo más clásico que rupturista, esto es, rastreando en primer lugar los orígenes del movimiento cooperativo en España para continuar con el examen de las normas más relevantes y dejando para el final lo que hemos llamado una “visión en perspectiva” de aquellos. Sin pretender huir de estructuraciones novedosas, hemos optado por el esquema que consideramos más eficaz para una comprensión idónea de la evolución normativa, sus avances, retrocesos y puntos de ruptura (estos últimos siempre relativos), que aporten una imagen, lo más fiel posible, de la atención que las sociedades cooperativas han merecido para el Estado y la actitud de éste hacia ellas.